El fiscal general del Estado, Torres-Dulce, ha ordenado a todas las fiscalías territoriales dar prioridad a las investigaciones y demandas por posibles abusos en la emisión de participaciones preferentes por parte de los bancos. Cerca de 700.000 personas en toda España se dejaron sus ahorros en estos productos empujados por entidades bancarias y cajas, que hicieron 30.000 millones de euros de caja a costa en muchas ocasiones de ocultar el alto riesgo de la inversión.
Eduardo Torres-Dulce se reunió este viernes pasado con representantes de las principales fiscalías superiores territoriales afectadas por este escándalo bancario, como Galicia, Andalucía, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid o Castilla-La Mancha. También acudió un representante de la Fiscalía Anticorrupción y el fiscal jefe de lo Civil del Tribunal Supremo, José María Paz Rubio, quien ejerce como coordinador en esta materia.
El fiscal general transmitió a los reunidos la indicación de dar prioridad a estos casos, y, en el supuesto de necesitar refuerzo, ayuda o apoyo para resolver cualquier problema, comunicarlo con urgencia. Una de las conclusiones del encuentro fue continuar, de momento y con carácter general, por la vía civil en las reclamaciones, al considerarla más eficaz para lograr el resarcimiento a los afectados, -como venimos manteniendo desde la Asociación Apacbank-. Todos coincidieron en que se trata de un problema muy importante, con muchos afectados, y del que son responsables los bancos, donde hay que actuar con rapidez pero también eligiendo el camino más adecuado para que los inversores que hayan perdido su dinero por abusos de las entidades, lo recuperen.
La vía penal se está siguiendo en casos individuales donde se han detectado indicios del delito de estafa por parte del empleado del banco que actuó en la colocación de las preferentes, como ha ocurrido en la primera investigación de ese tipo abierta en España. En la Audiencia Nacional, el Juzgado Central número 3, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha reclamado documentación al Banco de España, la CNMV y la auditora KPMG sobre la emisión de preferentes y cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), para determinar si se puede acusar a quienes fueron sus máximos responsables de un delito de estafa.
En otro juzgado de la Audiencia, el que ha imputado a Rodrigo Rato y otra treintena de exdirectivos de Bankia, el magistrado Fernando Andreu también ha pedido información a diversos organismos oficiales sobre la emisión de preferentes por valor de 4.465 millones que hizo dicha entidad bancaria desde el año 2007.
Por la vía civil, que es la preferida hasta ahora por los fiscales, se han abierto diligencias de investigación en muchas provincias, pero donde el trabajo está más avanzado es en Galicia. El fiscal superior de esta comunidad autonóma, Carlos Varela, planteó el pasado mes de julio en los juzgados una demanda civil colectiva en defensa de 1.623 afectados por las preferentes de Novagalicia, para que se declaren nulos los contratos de suscripción que contuviesen cláusulas abusivas.
La Fiscalía pide en ese caso una fianza de 1.108 millones de euros a la entidad en concepto de responsabilidad civil, para cubrir la posible devolución del dinero en el futuro. Una sentencia favorable sería extensible a los 43.000 clientes de este producto en la comunidad. Novacaixagalicia, intervenida por el FROB, ha propuesto como alternativa llegar a arbitrajes con cada cliente para solucionar el problema.
Los afectados por las preferentes en Galicia son también de los más activos y organizados de España, como lo demostraron este fin de semana con una manifestación en Santiago de Compostela y acudiendo a pedir explicaciones a Rajoy ante la Colegiata donde se casaba un hijo de Ruiz-Gallardón, ceremonia a la que asistió como invitado el presidente del Gobierno.
Los perjudicados por las preferentes están indignados por el decreto del Gobierno del pasado 31 de agosto, que consideran que representa un expolio porque les obliga a conformarse con recuperar, únicamente, en torno al 30% de las cantidades que invirtieron.
En cualquier caso, hasta la fecha, aparte de los inversores que hayan llegado a un acuerdo con la entidad bancaria, sólo han recuperado su inversión quienes acudieron individualmente a los tribunales de lo civil y demandaron al banco correspondiente por no darles la información suficiente sobre el alto riesgo del producto, que daba una alta rentabilidad en la época de vacas gordas, pero que se ha convertido en un dinero casi perdido e irrecuperable cuando se ha torcido la situación y los bancos han sido intervenidos.
Esta información es un extracto del artículo aparecido en el diario Público, del 24/09/2012, firmado por ANDRÉS MUÑIZ, Madrid, del que respetuosamente nos hacemos eco.
ASOCIACIÓN APACBANK 